El problema principal de la representación política actual, es que no representa a sus afiliados ni el interés mayoritario de los ciudadanos. De la concentración de las decisiones se deriva el abuso de todo tipo, y no sólo en el uso de recursos públicos que tanto nos molesta, sino también en las decisiones que afectan la marcha del país.
Esta concentración arranca de los partidos, porque de ellos se forma el Congreso y los gobiernos en los tres niveles.
Se debe comenzar, entonces, por modificar los reglamentos violatorios de la Constitución, que permiten a la burocracia usurpar nuestros derechos políticos, y hablar en nuestro nombre, sin que los hayamos elegido para presentarse a las elecciones.
Al proponer reformas hay que estar atentos, porque no podemos aceptar parches, o aparentes soluciones, “gatopardistas”, que cambian todo para que todo siga igual.
Para comenzar, debemos decir que las primeras exigencias, y las más difundidas en la red, que se refieren a los sueldos de los diputados, al seguro médico privado del que gozan, a la eliminación de los plurinominales, y a la eliminación del gasto de los partidos y el IFE en las televisoras, son reformas necesarias (excepto la de los pluris), pero no resuelven el problema real que ha provocado el rechazo ciudadano.
Los que hemos adherido a la campaña "Yo anularé mi voto" no debemos perder de vista que los diputados, por conveniencias políticas, podrían aceptar la reducción de sus ingresos oficiales porque estas medidas no resuelven la corrupción y menos los problemas derivados de la falsa representación. Ese gasto ofensivo debe reducirse, sin discusión; pero insistimos que para hacer en serio las cosas se requieren reglas claras de control ciudadano, transparencia obligada, y rendición pública de cuentas, si no, seguiríamos en las mismas. Pero esas reglas no serán eficientes, si no se modifican las normas que permiten la participación ciudadana.
Aquí abajo se esbozan, a pesar de su extensión, los principios básicos de una reforma democrática que sólo sería posible si se construye un fuerte movimiento político por la recuperación de nuestros derechos civiles.
Tomamos como referencia la propuesta más extensa, que se ha difundido entre una franja de la izquierda, publicada en el blog de Joel Ortega (joelorte.blogspot). La crítica pretende abrir el debate para terminar enfocando un programa válido, de reformas políticas.
(En MAYÚSCULAS la propuesta del citado blog, y en minúsculas nuestras observaciones)
1. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA ELIMINAR EL ANTICONSTITUCIONAL MONOPOLIO DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA POR PARTE DE LOS PARTIDOS.
El monopolio de las burocracias es anticonstitucional, eso que ni qué. Pero estas “candidaturas independientes”, de auto-propuestos, y por la libre, no sustituyen el monopolio del partido, porque igualmente monopolizarían la curul o el cargo. Frente a ellas hay que preguntarse ¿Son independientes... pero de quién?
Si éstas no responden a un colectivo legalmente establecido, los ciudadanos no tendrían mecanismos de reclamo, ni de rendición de cuentas, políticas o económicas.
¿Quién financiaría su campaña? ¿Cómo se controlarían sus ingresos?
¿Cuáles leyes votarían en las Cámaras, si son “independientes”? ¿Cómo se construiría su definición programática? ¿Entonces, a quién le responden?
¿Acaso no aprendimos de la “candidatura independiente” que reclamaba el “Doctor Simi”, por ejemplo?
Si estas interrogantes no se satisfacen democráticamente, esas candidaturas ciudadanas responderían a la misma lógica de los partidos: “El cargo es de quien lo trabaja”.
. INSCRIPCIÓN SENCILLA DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE 20 MIL FIRMAS DE LA CIUDADANÍA (5 MIL PARA LOS PARTIDOS LOCALES), PARA ESTIMULAR EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA POR LAS Y LOS CIUDADANOS.
¿Por qué 20 mil, y no 60 mil, o 3 mil? ¿De dónde sale la cifra? La lógica de poner números y límites, a la hora que se quiere una organización libre, resulta en su contrario: en la búsqueda de acarreados para llenar el requisito. Esa historia ya la conocemos.
La libertad de organización, más bien, debe ser irrestricta. El IFE debe registrar cualquier organización que lo solicite siempre y cuando cumpla con el requisitos de tener estatutos democráticos que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales de sus afiliados: Libertad de votar y ser votados en cualquier elección, y para cualquier cargo donde uno represente a otros. Deben garantizar, sencillamente, el sufragio libre, individual y secreto; tutelar las libertades de expresión, asociación, y reunión... La igual dignidad de voz y voto para los afiliados, e iguales derechos y deberes, y por lo tanto, iguales aportaciones económicas al sostenimiento de la organización.
. MÍNIMO DE 5 % DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA, PARA ACCEDER A REPRESENTANTES POPULARES.
Un 5% es una medida restauradora. Si los mismos partidos ya habían conquistado el 2 %, esta propuesta va para atrás, porque restringe el derechos de las minorías. Si la idea es eliminar los partidos-parásitos, entonces que el financiamiento público se entregue después de la calificación. Cuando se sepa cuántos votos obtuvo ese partido y por tanto cuántas prerrogativas del Estado para representar a sus electores. Y eso, hasta que el IFE haya comprobado que los partidos cumplieron con el requisito de ser “organizaciones ciudadanas que promueven la participación democrática” (Art. 41), y hayan instituido mecanismos de rendición de cuentas.
• PLEBISCITO PARA REVOCACIÓN DEL MANDATO EN TODOS LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR, DESPUÉS DEL PRIMER AÑO DE MANDATO, MEDIANTE SOLICITUD FIRMADA POR LA CIUDADANÍA EN CANTIDAD EQUIVALENTE AL 1.5 % DEL TOTAL DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DE QUE SE TRATE, PARA SOMETER A CONTROL CIUDADANO A LAS Y LOS ELEGIDOS Y ESTIMULAR SU VIGILANCIA POR LA CIUDADANÍA.
¿Por qué hay que esperar a un año para revocar un mandato si, por ejemplo, en unas cuantas semanas esos diputados pueden decretar una reforma anticonstitucional? Otra: ¿Por qué deben reunirse las firmas del 1.5 % del padrón total, si cualquier diputado llega a la Cámara con una mínima fracción del padrón?
La revocación del mandato no requiere plebiscito porque, aparte de su engañosa naturaleza, a fin de cuentas habría que organizar una votación para saber si se anula la votación sobre la curul o el cargo.
Sencillamente, la revocación sólo requiere el 50 % más uno, de los ciudadanos con credencial de elector, sobre el número de votos que haya obtenido el representante en su distrito o circunscripción. Con ese número de firmas el IFE debe retirar, automáticamente, el cargo del representante y, de acuerdo a la fórmula aprobada previamente en consulta popular, el suplente ocuparía el cargo. (Así, el suplente, en vez de ser “tapadera”, tendría el encargo de ser vigilante.)
• INICIATIVA POPULAR DE REFORMA CONSTITUCIONAL (O DE NUEVAS LEYES FEDERALES) CON EL SÓLO REQUISITO DE 20 MIL FIRMAS DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE LA APOYEN (5 MIL PARA INICIATIVAS DE LEY LOCALES), PARA ESTIMULAR EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA POR LA CIUDADANÍA.
Para que los ciudadanos propongan iniciativas de Ley no se requieren firmas. Eso ya está legislado y se llama “Memorial de particulares”.
Las firmas no sirven para nada en el actual sistema legislativo. Si se conoce el funcionamiento del Congreso debe saberse que cualquier Iniciativa de Ley, popular o no, debe pasar a Comisiones primero, y allí se confronta con los acuerdos cupulares de los partidos, o del consuetudinario mayoriteo que conduce el 90 % de las Iniciativas a la “congeladora”. Los partidos que dominan la Comisión respectiva impiden que lleguen a dictamen si no les conviene. Y si por menjurjes de la política alguna iniciativa inconveniente se aprueba en Diputados, esa será frenada en Senadores.
Para trastocar este perverso mecanismo, se requiere modificar la Ley Orgánica del Congreso General, y por lo tanto, el funcionamiento y la integración pactada de las Comisiones; y también los mecanismos para la aprobación de las iniciativas de ley. Por ejemplo: Si una propuesta no se dictamina antes de tres meses, entonces debe pasar al Pleno un dictamen realizado por el partido que la propuso; y si se detiene durante un tiempo en el Pleno, entonces pasaría automáticamente al decreto de ley.
Pero una reforma de gran calado, sería la que H. Kelsen introdujo en las legislación austriaca, otrogándole a la Corte Constitucional la función de “legislador negativo”. Esto es, que antes de pasar a decreto, todas las leyes deben ser revisadas “de oficio” por la Suprema Corte para rebotar las que violan la Constitución, y evitar así que el Legislativo se alce como poder contrapuesto al derecho público, y como poder de facto sobre el interés de la mayoría de la población.
• ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS, PARA OBLIGAR A LAS BUROCRACIAS PARTIDARIAS A QUE VIVAN DE SUS MILITANTES Y QUEDEN OBLIGADAS CON ELLOS.
Este punto es central, y definitivo en la concepción política del sistema de partidos, pero contiene un gravísimo error de fondo: (y además debería decir: que las burocracias vivan de su trabajo.." ¿o, no?)
Me permito juzgar como reaccionaria la propuesta, tal y como está redactada, porque de tajo elimina los partidos ciudadanos, que supuestamente se quieren promover.
Basta pensar que un partido tenga en cuyas filas a los “militantes” Carlos Slim, Miss Gordillo, o el doctor Simi, quienes pueden financiar y mangonear cualquier burocracia... como ocurre en U.S.A. Agréguele los “militantes” Azcárraga y Salinas Pliego (émulos de Berlusconi) que pugnan por una propuesta similar para abrir la puerta a la privatización y mayor concentración de la política, con el agregado de la manipulación de las opiniones en los medios masivos, pues quedamos fritos a la primera vuelta.
La coartada de la “ciudadanización” no ve, o quiere ocultar, que los ciudadanos no somos iguales; que una minoría de ellos se halla por encima de la mayoría. Al hablar de cuotas militantes siempre debe expresarse la prohibición absoluta del capital privado en el financiamiento a los partidos, y al mismo tiempo, el interés de la sociedad de que la política sea un derecho público, y por lo tanto que sea sostenida fiscalmente por el pueblo para su beneficio. Juntos y pegados, deben imponerse los principios de rendición de cuentas, fiscalización, revocación de mandato, y sanciones penales.
Y es curioso notar cómo se invierten los términos en la cabeza de los amigos que protestan contra la corrupción. Esta no acaba aboliendo el gasto público. Sino democratizándolo. Las apariencias engañan, porque el gasto público sí puede ser vigilado por el público, si se le impone a los políticos el cumplimiento de la ley. Cuando la política se privatiza, de consecuencia se ampara en el derecho privado, y su finalidad se mercantiliza.
Si ahora la política ya es un negocio, pero ilegal, imaginémosla legalizado.
Para que los partidos sean libres asociaciones se requiere simplemente que cada organización registrada por el IFE reciba talonarios de recibos, sellados y foliados por Hacienda, por un valor no mayor a los cien pesos de aportación por persona (por decir un monto accesible), cuya violación sea sancionada con la pérdida del registro, y perseguida penalmente como lavado de dinero.
Las iguales y modestas, aportaciones de los militantes son las que reducen el gasto público y las que otrogan legitimidad a un partido: así la gente "le apuesta" a lo que considera suyo, afirmando su adhesión voluntaria y, por fuerza, cuidando también ese patrimonio.
Una función normal del IFE es el monitoreo de campañas y pre-campañas, para controlar los gastos de los partidos, si este cotejo se audita contra el gasto comprobado de los ingresos con estos recibos, y se cruza con la nómina auditada de afiliados (esto es un muy importante), entonces comenzaríamos a ver algo de equidad en la competencia. --recordemos que una exigencia es que el financiamiento público se otorgue después de la calificación, de acuerdo al número de votos válidos obtenidos.
Y muy importante: el monto del financiamiento público debe hallarse en relación con el número de votos válidos , más o menos 40 millones de mexicanos (y no como hoy, sobre el padrón total que es de 75 millones inscritos en el IFE); de este modo la abstención y el voto nulo, se constituyen, materialmente, como votos de castigo. Y ya veríamos si a los partidos no les preocupa por qué la gente se abstiene de ir a las urnas.
Igualmente es de interés público que una gran parte del financiamiento sea etiquetada para el desarrollo de la cultura política de los afiliados, y la promoción de la libre expresión de las ideas, porque sería el contrapeso a la formación de preconceptos que los medios masivos se interesan en difundir.
La austeridad, en definitiva, sería posible si las campañas electorales fuesen de un mes; si no hay de otra que recurrir a las cuotas mensuales de los afiliados, y en la igual ocupación del espacio radioeléctrico por parte de todas las organizaciones registradas, sobre el principio de que todas las ideas pesan lo mismo. (Como se hace en Francia).
• NO REELECCION DE LAS DIPUTACIONES FEDERALES Y LOCALES, PARA IMPEDIR EL PATÉTICO ESPECTÁCULO PÚBLICO DEL “ETERNO RETORNO” DE LOS MISMOS PERSONAJES DINOSÁURICOS DE LA PARTIDOCRACIA.
Que sean dinosaúricos, o jóvenes con los mismos vicios, el problema retorna; sólo cambia la fotografía.
En una democracia la re-elección es natural, pero en las actuales condiciones mexicanas sería una desvergüenza. Es curiosa la propuesta de otros de que debe haber reelección para castigarlos... !!con la no la reelección !!
La reelección, como nos muestra EUA, permite que los intereses privados residentes en el distrito uninominal apoyen a los candidatos. Eso trae de consecuencia el desapego de los congresistas a su propio partido, y muy seguido votan por sus adversarios. Y esto es inevitable mientras se admita el ingreso de dinero privado, como en México, aunque se quiera minimizar su destructividad con la argucia de los “topes de campaña”.
• REELECCIÓN CONSECUTIVA INDEFINIDA DE ALCALDES, PARA ESTIMULAR LA BUENA GESTIÓN MUNICIPAL, QUE ES LA UNIDAD POLÍTICA BÁSICA Y LA MÁS CERCANA A LOS CIUDADANOS.
Si la buena gestión se estimula con la reelección, entonces valdría para diputados y senadores. La propuesta contradice el punto anterior, que no quiere ver dinosáuricos...
Si se quiere una buena gestión municipal, entonces se requiere más democracia representativa. Hay que modificar el 115 constitucional. Otorgarle al municipio, definitivamente, la soberanía política que le fue vetada por Carranza desde 1917. Se requiere la elección de cabildos con candidatos directos, y no por planilla como ahora, y también otra redistribución territorial que contemple las secciones, como primarias hacia las distritales, para conformar el cabildo como una comunidad de intereses ciudadanos.
Esto es: que en el Municipio se configuren las tres funciones de un gobierno republicano; ejecutivo, legislativo y judicial. Y por lo tanto que los Municipios cuenten con “constituciones” propias, con Estatutos que, al igual que los estados, no podrían contradecir el Pacto Federal ni la Constitución.
Así se configuraría la célula básica de la soberanía popular, y la escuela de gestión pública ciudadana.
• REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE SENADORES A DOS POR ESTADO.
¿Por qué? ¿Son demasiados los cuatro representantes de los 15 millones de mexiquenses, por ejemplo?
• REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE DIPUTACIONES FEDERALES A 300 (ELIMINACIÓN DE LAS PLURINOMINALES).
Esta es otra propuesta reaccionaria. Me explico:
Los plurinominales representan a los partidos. Esto es: los programas partidarios, como trasfiguración del interés general, se representan en el Congreso aunque en algunos distritos uninominales sus candidatos hayan perdido, pero con el acumulado nacional de votos ese programa sí representa una fuerza , así sea del 2 %. ¿Si los Yaquis quieren tener una representación propia, tienen derecho, sí o no? Este es el punto crítico de la representación plurinominal. ¿Hasta que punto la izquierda quiere admitir la diversidad concreta contra una abstracción engañosa? O ¿acaso se trata de favorecer "partido único" mayoritario?
Desde hace algunos años el PAN ha insistido en esa reducción de los proporcionales, y ha prometido que en la próxima legislatura (la LXI) peleará por bajar a 400 --dejando 100 pluris-- el número de diputados. (Son más moderados que Joel.) Pero ello obedece a una pulsión de la clase media conservadora –antipolítica-- que cree que es “liberal”, pero esa reducción concentra más las decisiones en pocas manos. No se trata de que muchos sean más democráticos, sino de cuáles son la verdaderas razones para restringir la representación formal.
Un empresario que tiene administradores rateros no cierra el departamento de administración; llama a la policía. Que los partidillos chinches sean nefastos, no quiere decir que los ciudadanos deban eliminar las minorías políticas.
La corrupción y el abuso de los delegados se abate con la democracia, no con su cancelación.
Y para ahondar en el debate de la "forma" de la democracia representativa, hay que aclarar que en todo caso es al revés. Sí, que son los diputados uninominales los que no tienen sentido en un Congreso federal.
Los partidos en el Congreso de la Unión representan, cada uno, “el interés general” y el Congreso, a su vez, se asume mismo como el representante de ese interés. Esa creencia, instalada en la cultura social moderna, legitima al parlamento. En fin, es así.
La contradicción es que los representantes uninominales son electos en territorios delimitados por el número de habitantes, y se venden como si de verdad representaran el interés particular de sus electores. Todos sabemos que no es así. El incumplimiento, se da por el hecho de que el diputado sólo puede promover leyes federales o reformas constitucionales para beneficio o coerción de las mayorías... de todos los distritos. Su función práctica es la del plurinominal: impulsar su programa partidario.
Si todos los mexicanos votáramos por un partido, y no por individuos, todos los legisladores serían plurinominales, y el partido, por lo tanto, sería responsable del incumplimiento del legislador frente a los electores. En ese caso, uno votaría por un programa, no por las simpatías pegoteadas por la publicidad.
Esa es la razón de fondo que mantiene el divorcio entre el diputado de distrito y los habitantes de este; pero la pelea y a quien se quiere despedir es al otro, que claramente es electo por la fuerza partidaria. Y tan cierta es la falsa representación del uninominal que del presupuesto de la Cámara se le entrega una cantidad de dinero al diputado "para gestión social", para que instale un cuchitril y regale asesoría legal, o clases de macramé, o de computación, o cualquier función de coyotaje, pero nada que ver con lo suyo que es legislar. Y algunos se clavan esa lana, o se la entregan a su candidato a la presidencia.
En el plano local la cosa cambia. Allí es de absoluta necesidad la representación del interés particular, y directo, en los congresos estatales y cabildos municipales frente a los Ejecutivos. Si esta representación no es democrática se vacía de contenido el Congreso de la Unión... y viceversa.
Insisto: ¿Cuál es la razón para reducir el número de representantes? Si es porque cuestan mucho, y no hacen nada, o a nadie representan, entonces todo el Congreso es inútil.
• ACCESO GRATUITO A LA TV Y LA RADIO PARA TODOS LOS PARTIDOS, CANDIDATAS Y CANDIDATOS, MEDIANTE PROGRAMAS Y DEBATES SE ELIMINE LA NOCIVA PRÁCTICA DE LOS SPOTS O LAS TRAMPOSAS “ENTREVISTAS” O “NOTICIAS” PARA PROMOVER A DETERMINADOS POLÍTICOS PODEROSOS.
El acceso gratuito de los partidos a los medios electrónicos ya fue legislado en 2007, al reformarse el artículo 41 y el Cofipe.
Los spots no se eliminan por decreto. El spot es la frase que ha sustituido el contenido , porque el cerebro de los candidatos está vacío, porque los partidos hacen política con ocurrencias... Por eso un publicista de detergentes puede llenar ese vacío sin mayor problema.
Mientras la legislación no regrese los partidos a la sociedad, o sea, mientras no se libere la asociación de la usurpación de la burocracia, seguirán los spots con su cantaleta.
Lo que sí debe prohibirse es la publicación de encuestas antes de las elecciones. Con ello se evitaría la nociva cargada del “voto útil” que sólo expresa el profundo desprecio por el voto ajeno, distinto, o minoritario, pero decidido voluntariamente por cualquier ciudadano.
¿Cómo prohibir "las tramposas" entrevistas?
Al contrario, lo que no se puede, ni se debe hacer, es restringir o limitar la libertad editorial de entrevistadores y reporteros, sino ampliarla con la extensión de concesiones y permisos para democratizar el espacio radioeléctrico.
• LIBERTAD DE CRITICAR A CUALQUIER PARTIDO, GOBIERNO O SUS CANDIDATURAS, TANTO POR SUS TRAYECTORIAS COMO POR SUS PROPUESTAS.
Nadie prohibe criticar a cualquier partido. Aquí estamos criticando a todos y a todos los gobiernos. La libre expresión de las ideas ya está regulada en la Constitución.
La referida libertad , si no me equivoco, es la muy cacareada y neoliberal exigencia de las televisoras para que “cualquiera” pueda pagar los 250 mil pesos por spot de 15 segundos contra algún partido.
La reforma de 2007, que prohibió la compra de spots en medios electrónicos, a cualquier persona para criticar algún partido, atiende el derecho público en detrimento del privado. No puede ser que nomás los ricos puedan criticar desde los espacios en la tele.
Sería otro retroceso restaurador.
• QUE LOS INSTITUTOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ORGANICEN TODAS LAS ELECCIONES DE DIRIGENTES SINDICALES, PARA QUE SE GARANTICEN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS Y CIVILES DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y SE IMPIDA LA OMINOSA OPRESIÓN POLÍTICA DE ÉSTOS POR PARTE DE LAS CORRUPTAS BUROCRACIAS SINDICALES.
¿Por qué el Estado debe inmiscuirse en la organización de los trabajadores, si esa intervención es la causa histórica de la "ominosa opresión de las corruptas burocracias sindicales"?
Para que los funcionarios de los institutos electorales se metieran en eso, primero tendrían que haber sido elegidos por los trabajadores, y no por el gobernador en turno que responde a un partido, y a unos empresarios.
¿No sería mejor, al contrario, sancionar a los patrones y a los funcionarios públicos que se inmiscuyan en sus elecciones, y emitir leyes que hagan cumplir el derecho constitucional del los trabajadores a organizarse libremente?
Uff...
Alberto Sánchez
Esta concentración arranca de los partidos, porque de ellos se forma el Congreso y los gobiernos en los tres niveles.
Se debe comenzar, entonces, por modificar los reglamentos violatorios de la Constitución, que permiten a la burocracia usurpar nuestros derechos políticos, y hablar en nuestro nombre, sin que los hayamos elegido para presentarse a las elecciones.
Al proponer reformas hay que estar atentos, porque no podemos aceptar parches, o aparentes soluciones, “gatopardistas”, que cambian todo para que todo siga igual.
Para comenzar, debemos decir que las primeras exigencias, y las más difundidas en la red, que se refieren a los sueldos de los diputados, al seguro médico privado del que gozan, a la eliminación de los plurinominales, y a la eliminación del gasto de los partidos y el IFE en las televisoras, son reformas necesarias (excepto la de los pluris), pero no resuelven el problema real que ha provocado el rechazo ciudadano.
Los que hemos adherido a la campaña "Yo anularé mi voto" no debemos perder de vista que los diputados, por conveniencias políticas, podrían aceptar la reducción de sus ingresos oficiales porque estas medidas no resuelven la corrupción y menos los problemas derivados de la falsa representación. Ese gasto ofensivo debe reducirse, sin discusión; pero insistimos que para hacer en serio las cosas se requieren reglas claras de control ciudadano, transparencia obligada, y rendición pública de cuentas, si no, seguiríamos en las mismas. Pero esas reglas no serán eficientes, si no se modifican las normas que permiten la participación ciudadana.
Aquí abajo se esbozan, a pesar de su extensión, los principios básicos de una reforma democrática que sólo sería posible si se construye un fuerte movimiento político por la recuperación de nuestros derechos civiles.
Tomamos como referencia la propuesta más extensa, que se ha difundido entre una franja de la izquierda, publicada en el blog de Joel Ortega (joelorte.blogspot). La crítica pretende abrir el debate para terminar enfocando un programa válido, de reformas políticas.
(En MAYÚSCULAS la propuesta del citado blog, y en minúsculas nuestras observaciones)
1. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA ELIMINAR EL ANTICONSTITUCIONAL MONOPOLIO DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA POR PARTE DE LOS PARTIDOS.
El monopolio de las burocracias es anticonstitucional, eso que ni qué. Pero estas “candidaturas independientes”, de auto-propuestos, y por la libre, no sustituyen el monopolio del partido, porque igualmente monopolizarían la curul o el cargo. Frente a ellas hay que preguntarse ¿Son independientes... pero de quién?
Si éstas no responden a un colectivo legalmente establecido, los ciudadanos no tendrían mecanismos de reclamo, ni de rendición de cuentas, políticas o económicas.
¿Quién financiaría su campaña? ¿Cómo se controlarían sus ingresos?
¿Cuáles leyes votarían en las Cámaras, si son “independientes”? ¿Cómo se construiría su definición programática? ¿Entonces, a quién le responden?
¿Acaso no aprendimos de la “candidatura independiente” que reclamaba el “Doctor Simi”, por ejemplo?
Si estas interrogantes no se satisfacen democráticamente, esas candidaturas ciudadanas responderían a la misma lógica de los partidos: “El cargo es de quien lo trabaja”.
. INSCRIPCIÓN SENCILLA DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE 20 MIL FIRMAS DE LA CIUDADANÍA (5 MIL PARA LOS PARTIDOS LOCALES), PARA ESTIMULAR EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA POR LAS Y LOS CIUDADANOS.
¿Por qué 20 mil, y no 60 mil, o 3 mil? ¿De dónde sale la cifra? La lógica de poner números y límites, a la hora que se quiere una organización libre, resulta en su contrario: en la búsqueda de acarreados para llenar el requisito. Esa historia ya la conocemos.
La libertad de organización, más bien, debe ser irrestricta. El IFE debe registrar cualquier organización que lo solicite siempre y cuando cumpla con el requisitos de tener estatutos democráticos que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales de sus afiliados: Libertad de votar y ser votados en cualquier elección, y para cualquier cargo donde uno represente a otros. Deben garantizar, sencillamente, el sufragio libre, individual y secreto; tutelar las libertades de expresión, asociación, y reunión... La igual dignidad de voz y voto para los afiliados, e iguales derechos y deberes, y por lo tanto, iguales aportaciones económicas al sostenimiento de la organización.
. MÍNIMO DE 5 % DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA, PARA ACCEDER A REPRESENTANTES POPULARES.
Un 5% es una medida restauradora. Si los mismos partidos ya habían conquistado el 2 %, esta propuesta va para atrás, porque restringe el derechos de las minorías. Si la idea es eliminar los partidos-parásitos, entonces que el financiamiento público se entregue después de la calificación. Cuando se sepa cuántos votos obtuvo ese partido y por tanto cuántas prerrogativas del Estado para representar a sus electores. Y eso, hasta que el IFE haya comprobado que los partidos cumplieron con el requisito de ser “organizaciones ciudadanas que promueven la participación democrática” (Art. 41), y hayan instituido mecanismos de rendición de cuentas.
• PLEBISCITO PARA REVOCACIÓN DEL MANDATO EN TODOS LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR, DESPUÉS DEL PRIMER AÑO DE MANDATO, MEDIANTE SOLICITUD FIRMADA POR LA CIUDADANÍA EN CANTIDAD EQUIVALENTE AL 1.5 % DEL TOTAL DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DE QUE SE TRATE, PARA SOMETER A CONTROL CIUDADANO A LAS Y LOS ELEGIDOS Y ESTIMULAR SU VIGILANCIA POR LA CIUDADANÍA.
¿Por qué hay que esperar a un año para revocar un mandato si, por ejemplo, en unas cuantas semanas esos diputados pueden decretar una reforma anticonstitucional? Otra: ¿Por qué deben reunirse las firmas del 1.5 % del padrón total, si cualquier diputado llega a la Cámara con una mínima fracción del padrón?
La revocación del mandato no requiere plebiscito porque, aparte de su engañosa naturaleza, a fin de cuentas habría que organizar una votación para saber si se anula la votación sobre la curul o el cargo.
Sencillamente, la revocación sólo requiere el 50 % más uno, de los ciudadanos con credencial de elector, sobre el número de votos que haya obtenido el representante en su distrito o circunscripción. Con ese número de firmas el IFE debe retirar, automáticamente, el cargo del representante y, de acuerdo a la fórmula aprobada previamente en consulta popular, el suplente ocuparía el cargo. (Así, el suplente, en vez de ser “tapadera”, tendría el encargo de ser vigilante.)
• INICIATIVA POPULAR DE REFORMA CONSTITUCIONAL (O DE NUEVAS LEYES FEDERALES) CON EL SÓLO REQUISITO DE 20 MIL FIRMAS DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE LA APOYEN (5 MIL PARA INICIATIVAS DE LEY LOCALES), PARA ESTIMULAR EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA POR LA CIUDADANÍA.
Para que los ciudadanos propongan iniciativas de Ley no se requieren firmas. Eso ya está legislado y se llama “Memorial de particulares”.
Las firmas no sirven para nada en el actual sistema legislativo. Si se conoce el funcionamiento del Congreso debe saberse que cualquier Iniciativa de Ley, popular o no, debe pasar a Comisiones primero, y allí se confronta con los acuerdos cupulares de los partidos, o del consuetudinario mayoriteo que conduce el 90 % de las Iniciativas a la “congeladora”. Los partidos que dominan la Comisión respectiva impiden que lleguen a dictamen si no les conviene. Y si por menjurjes de la política alguna iniciativa inconveniente se aprueba en Diputados, esa será frenada en Senadores.
Para trastocar este perverso mecanismo, se requiere modificar la Ley Orgánica del Congreso General, y por lo tanto, el funcionamiento y la integración pactada de las Comisiones; y también los mecanismos para la aprobación de las iniciativas de ley. Por ejemplo: Si una propuesta no se dictamina antes de tres meses, entonces debe pasar al Pleno un dictamen realizado por el partido que la propuso; y si se detiene durante un tiempo en el Pleno, entonces pasaría automáticamente al decreto de ley.
Pero una reforma de gran calado, sería la que H. Kelsen introdujo en las legislación austriaca, otrogándole a la Corte Constitucional la función de “legislador negativo”. Esto es, que antes de pasar a decreto, todas las leyes deben ser revisadas “de oficio” por la Suprema Corte para rebotar las que violan la Constitución, y evitar así que el Legislativo se alce como poder contrapuesto al derecho público, y como poder de facto sobre el interés de la mayoría de la población.
• ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS, PARA OBLIGAR A LAS BUROCRACIAS PARTIDARIAS A QUE VIVAN DE SUS MILITANTES Y QUEDEN OBLIGADAS CON ELLOS.
Este punto es central, y definitivo en la concepción política del sistema de partidos, pero contiene un gravísimo error de fondo: (y además debería decir: que las burocracias vivan de su trabajo.." ¿o, no?)
Me permito juzgar como reaccionaria la propuesta, tal y como está redactada, porque de tajo elimina los partidos ciudadanos, que supuestamente se quieren promover.
Basta pensar que un partido tenga en cuyas filas a los “militantes” Carlos Slim, Miss Gordillo, o el doctor Simi, quienes pueden financiar y mangonear cualquier burocracia... como ocurre en U.S.A. Agréguele los “militantes” Azcárraga y Salinas Pliego (émulos de Berlusconi) que pugnan por una propuesta similar para abrir la puerta a la privatización y mayor concentración de la política, con el agregado de la manipulación de las opiniones en los medios masivos, pues quedamos fritos a la primera vuelta.
La coartada de la “ciudadanización” no ve, o quiere ocultar, que los ciudadanos no somos iguales; que una minoría de ellos se halla por encima de la mayoría. Al hablar de cuotas militantes siempre debe expresarse la prohibición absoluta del capital privado en el financiamiento a los partidos, y al mismo tiempo, el interés de la sociedad de que la política sea un derecho público, y por lo tanto que sea sostenida fiscalmente por el pueblo para su beneficio. Juntos y pegados, deben imponerse los principios de rendición de cuentas, fiscalización, revocación de mandato, y sanciones penales.
Y es curioso notar cómo se invierten los términos en la cabeza de los amigos que protestan contra la corrupción. Esta no acaba aboliendo el gasto público. Sino democratizándolo. Las apariencias engañan, porque el gasto público sí puede ser vigilado por el público, si se le impone a los políticos el cumplimiento de la ley. Cuando la política se privatiza, de consecuencia se ampara en el derecho privado, y su finalidad se mercantiliza.
Si ahora la política ya es un negocio, pero ilegal, imaginémosla legalizado.
Para que los partidos sean libres asociaciones se requiere simplemente que cada organización registrada por el IFE reciba talonarios de recibos, sellados y foliados por Hacienda, por un valor no mayor a los cien pesos de aportación por persona (por decir un monto accesible), cuya violación sea sancionada con la pérdida del registro, y perseguida penalmente como lavado de dinero.
Las iguales y modestas, aportaciones de los militantes son las que reducen el gasto público y las que otrogan legitimidad a un partido: así la gente "le apuesta" a lo que considera suyo, afirmando su adhesión voluntaria y, por fuerza, cuidando también ese patrimonio.
Una función normal del IFE es el monitoreo de campañas y pre-campañas, para controlar los gastos de los partidos, si este cotejo se audita contra el gasto comprobado de los ingresos con estos recibos, y se cruza con la nómina auditada de afiliados (esto es un muy importante), entonces comenzaríamos a ver algo de equidad en la competencia. --recordemos que una exigencia es que el financiamiento público se otorgue después de la calificación, de acuerdo al número de votos válidos obtenidos.
Y muy importante: el monto del financiamiento público debe hallarse en relación con el número de votos válidos , más o menos 40 millones de mexicanos (y no como hoy, sobre el padrón total que es de 75 millones inscritos en el IFE); de este modo la abstención y el voto nulo, se constituyen, materialmente, como votos de castigo. Y ya veríamos si a los partidos no les preocupa por qué la gente se abstiene de ir a las urnas.
Igualmente es de interés público que una gran parte del financiamiento sea etiquetada para el desarrollo de la cultura política de los afiliados, y la promoción de la libre expresión de las ideas, porque sería el contrapeso a la formación de preconceptos que los medios masivos se interesan en difundir.
La austeridad, en definitiva, sería posible si las campañas electorales fuesen de un mes; si no hay de otra que recurrir a las cuotas mensuales de los afiliados, y en la igual ocupación del espacio radioeléctrico por parte de todas las organizaciones registradas, sobre el principio de que todas las ideas pesan lo mismo. (Como se hace en Francia).
• NO REELECCION DE LAS DIPUTACIONES FEDERALES Y LOCALES, PARA IMPEDIR EL PATÉTICO ESPECTÁCULO PÚBLICO DEL “ETERNO RETORNO” DE LOS MISMOS PERSONAJES DINOSÁURICOS DE LA PARTIDOCRACIA.
Que sean dinosaúricos, o jóvenes con los mismos vicios, el problema retorna; sólo cambia la fotografía.
En una democracia la re-elección es natural, pero en las actuales condiciones mexicanas sería una desvergüenza. Es curiosa la propuesta de otros de que debe haber reelección para castigarlos... !!con la no la reelección !!
La reelección, como nos muestra EUA, permite que los intereses privados residentes en el distrito uninominal apoyen a los candidatos. Eso trae de consecuencia el desapego de los congresistas a su propio partido, y muy seguido votan por sus adversarios. Y esto es inevitable mientras se admita el ingreso de dinero privado, como en México, aunque se quiera minimizar su destructividad con la argucia de los “topes de campaña”.
• REELECCIÓN CONSECUTIVA INDEFINIDA DE ALCALDES, PARA ESTIMULAR LA BUENA GESTIÓN MUNICIPAL, QUE ES LA UNIDAD POLÍTICA BÁSICA Y LA MÁS CERCANA A LOS CIUDADANOS.
Si la buena gestión se estimula con la reelección, entonces valdría para diputados y senadores. La propuesta contradice el punto anterior, que no quiere ver dinosáuricos...
Si se quiere una buena gestión municipal, entonces se requiere más democracia representativa. Hay que modificar el 115 constitucional. Otorgarle al municipio, definitivamente, la soberanía política que le fue vetada por Carranza desde 1917. Se requiere la elección de cabildos con candidatos directos, y no por planilla como ahora, y también otra redistribución territorial que contemple las secciones, como primarias hacia las distritales, para conformar el cabildo como una comunidad de intereses ciudadanos.
Esto es: que en el Municipio se configuren las tres funciones de un gobierno republicano; ejecutivo, legislativo y judicial. Y por lo tanto que los Municipios cuenten con “constituciones” propias, con Estatutos que, al igual que los estados, no podrían contradecir el Pacto Federal ni la Constitución.
Así se configuraría la célula básica de la soberanía popular, y la escuela de gestión pública ciudadana.
• REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE SENADORES A DOS POR ESTADO.
¿Por qué? ¿Son demasiados los cuatro representantes de los 15 millones de mexiquenses, por ejemplo?
• REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE DIPUTACIONES FEDERALES A 300 (ELIMINACIÓN DE LAS PLURINOMINALES).
Esta es otra propuesta reaccionaria. Me explico:
Los plurinominales representan a los partidos. Esto es: los programas partidarios, como trasfiguración del interés general, se representan en el Congreso aunque en algunos distritos uninominales sus candidatos hayan perdido, pero con el acumulado nacional de votos ese programa sí representa una fuerza , así sea del 2 %. ¿Si los Yaquis quieren tener una representación propia, tienen derecho, sí o no? Este es el punto crítico de la representación plurinominal. ¿Hasta que punto la izquierda quiere admitir la diversidad concreta contra una abstracción engañosa? O ¿acaso se trata de favorecer "partido único" mayoritario?
Desde hace algunos años el PAN ha insistido en esa reducción de los proporcionales, y ha prometido que en la próxima legislatura (la LXI) peleará por bajar a 400 --dejando 100 pluris-- el número de diputados. (Son más moderados que Joel.) Pero ello obedece a una pulsión de la clase media conservadora –antipolítica-- que cree que es “liberal”, pero esa reducción concentra más las decisiones en pocas manos. No se trata de que muchos sean más democráticos, sino de cuáles son la verdaderas razones para restringir la representación formal.
Un empresario que tiene administradores rateros no cierra el departamento de administración; llama a la policía. Que los partidillos chinches sean nefastos, no quiere decir que los ciudadanos deban eliminar las minorías políticas.
La corrupción y el abuso de los delegados se abate con la democracia, no con su cancelación.
Y para ahondar en el debate de la "forma" de la democracia representativa, hay que aclarar que en todo caso es al revés. Sí, que son los diputados uninominales los que no tienen sentido en un Congreso federal.
Los partidos en el Congreso de la Unión representan, cada uno, “el interés general” y el Congreso, a su vez, se asume mismo como el representante de ese interés. Esa creencia, instalada en la cultura social moderna, legitima al parlamento. En fin, es así.
La contradicción es que los representantes uninominales son electos en territorios delimitados por el número de habitantes, y se venden como si de verdad representaran el interés particular de sus electores. Todos sabemos que no es así. El incumplimiento, se da por el hecho de que el diputado sólo puede promover leyes federales o reformas constitucionales para beneficio o coerción de las mayorías... de todos los distritos. Su función práctica es la del plurinominal: impulsar su programa partidario.
Si todos los mexicanos votáramos por un partido, y no por individuos, todos los legisladores serían plurinominales, y el partido, por lo tanto, sería responsable del incumplimiento del legislador frente a los electores. En ese caso, uno votaría por un programa, no por las simpatías pegoteadas por la publicidad.
Esa es la razón de fondo que mantiene el divorcio entre el diputado de distrito y los habitantes de este; pero la pelea y a quien se quiere despedir es al otro, que claramente es electo por la fuerza partidaria. Y tan cierta es la falsa representación del uninominal que del presupuesto de la Cámara se le entrega una cantidad de dinero al diputado "para gestión social", para que instale un cuchitril y regale asesoría legal, o clases de macramé, o de computación, o cualquier función de coyotaje, pero nada que ver con lo suyo que es legislar. Y algunos se clavan esa lana, o se la entregan a su candidato a la presidencia.
En el plano local la cosa cambia. Allí es de absoluta necesidad la representación del interés particular, y directo, en los congresos estatales y cabildos municipales frente a los Ejecutivos. Si esta representación no es democrática se vacía de contenido el Congreso de la Unión... y viceversa.
Insisto: ¿Cuál es la razón para reducir el número de representantes? Si es porque cuestan mucho, y no hacen nada, o a nadie representan, entonces todo el Congreso es inútil.
• ACCESO GRATUITO A LA TV Y LA RADIO PARA TODOS LOS PARTIDOS, CANDIDATAS Y CANDIDATOS, MEDIANTE PROGRAMAS Y DEBATES SE ELIMINE LA NOCIVA PRÁCTICA DE LOS SPOTS O LAS TRAMPOSAS “ENTREVISTAS” O “NOTICIAS” PARA PROMOVER A DETERMINADOS POLÍTICOS PODEROSOS.
El acceso gratuito de los partidos a los medios electrónicos ya fue legislado en 2007, al reformarse el artículo 41 y el Cofipe.
Los spots no se eliminan por decreto. El spot es la frase que ha sustituido el contenido , porque el cerebro de los candidatos está vacío, porque los partidos hacen política con ocurrencias... Por eso un publicista de detergentes puede llenar ese vacío sin mayor problema.
Mientras la legislación no regrese los partidos a la sociedad, o sea, mientras no se libere la asociación de la usurpación de la burocracia, seguirán los spots con su cantaleta.
Lo que sí debe prohibirse es la publicación de encuestas antes de las elecciones. Con ello se evitaría la nociva cargada del “voto útil” que sólo expresa el profundo desprecio por el voto ajeno, distinto, o minoritario, pero decidido voluntariamente por cualquier ciudadano.
¿Cómo prohibir "las tramposas" entrevistas?
Al contrario, lo que no se puede, ni se debe hacer, es restringir o limitar la libertad editorial de entrevistadores y reporteros, sino ampliarla con la extensión de concesiones y permisos para democratizar el espacio radioeléctrico.
• LIBERTAD DE CRITICAR A CUALQUIER PARTIDO, GOBIERNO O SUS CANDIDATURAS, TANTO POR SUS TRAYECTORIAS COMO POR SUS PROPUESTAS.
Nadie prohibe criticar a cualquier partido. Aquí estamos criticando a todos y a todos los gobiernos. La libre expresión de las ideas ya está regulada en la Constitución.
La referida libertad , si no me equivoco, es la muy cacareada y neoliberal exigencia de las televisoras para que “cualquiera” pueda pagar los 250 mil pesos por spot de 15 segundos contra algún partido.
La reforma de 2007, que prohibió la compra de spots en medios electrónicos, a cualquier persona para criticar algún partido, atiende el derecho público en detrimento del privado. No puede ser que nomás los ricos puedan criticar desde los espacios en la tele.
Sería otro retroceso restaurador.
• QUE LOS INSTITUTOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ORGANICEN TODAS LAS ELECCIONES DE DIRIGENTES SINDICALES, PARA QUE SE GARANTICEN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS Y CIVILES DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y SE IMPIDA LA OMINOSA OPRESIÓN POLÍTICA DE ÉSTOS POR PARTE DE LAS CORRUPTAS BUROCRACIAS SINDICALES.
¿Por qué el Estado debe inmiscuirse en la organización de los trabajadores, si esa intervención es la causa histórica de la "ominosa opresión de las corruptas burocracias sindicales"?
Para que los funcionarios de los institutos electorales se metieran en eso, primero tendrían que haber sido elegidos por los trabajadores, y no por el gobernador en turno que responde a un partido, y a unos empresarios.
¿No sería mejor, al contrario, sancionar a los patrones y a los funcionarios públicos que se inmiscuyan en sus elecciones, y emitir leyes que hagan cumplir el derecho constitucional del los trabajadores a organizarse libremente?
Uff...
Alberto Sánchez
